El presente trabajo ha sido resultado de una amplia investigación acerca del principio de la buena fe y su importancia en el tráfico jurídico, en especial en la etapa precontractual de los negocios. Por medio de este artículo, se pretende demostrar la intrínseca relación que existe entre la buena fe, la moral y las buenas costumbres, para dejar claro el papel que cumple este principio como límite a los derechos subjetivos de las personas. Así mismo, la teoría del abuso del derecho es indispensable para llenar de contenido el principio de la buena fe, pues de ambos conceptos se derivan los deberes secundarios de conducta o deberes colaterales y la importancia de la culpa en la responsabilidad precontractual. Entonces, el principio de buena fe enriquece de valor la palabra y la promesa que lleva a las partes a negociar y le ayuda al juez a fallar en justicia y equidad.

En este trabajo se estudia la incidencia normativa entre la Constitución y los tratados internacionales para la efectiva tutela de los derechos humanos en México, a partir de la reforma constitucional del 10 junio de 2011 y la paradigmática sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/20Con estos cambios, los criterios internacionales se convierten en parámetro interpretativo rompiendo con el único y último intérprete de los derechos humanos. Desde el enfoque epistemológico de este trabajo, la apertura constitucional mexicana a la protección internacional de los derechos humanos genera un control externo y una doble garantía para estos derechos, que escapa de criterios unilaterales o reduccionistas nacidos de la voluntad exclusiva del Estado; es decir, se trata de un diálogo recíproco entre los órganos jurisdiccionales internos e internacionales que busca superar el monopolio proteccionista de los derechos humanos en México.

Tradicionalmente, la atribución de un resultado dañoso a su autor se ha hecho a partir de un juicio puramente material o fáctico, en el cual, dependiendo de la teoría causal utilizada por el tribunal, la respuesta sobre la existencia de un nexo de causalidad entre el perjuicio irrogado y la actuación del agente puede variar, a la vez que arrojar resultados que, a la luz de la equidad y la justicia, e incluso el sentido común, llegan a resultar exagerados o contraintuitivos. El presente documento aborda esta problemática para presentar, previo recuento de las diferentes soluciones que se le han dado a lo largo de la historia y de sus inconvenientes, la que se considera la teoría más adecuada para determinar la causalidad en cada caso, por superar los defectos que se les achacan a aquellas que la precedieron y por su aceptación en el ámbito comparado. Con esta propuesta, se intenta evidenciar cómo, a partir de la diferenciación entre una imputación material y una imputación jurídica (o imputación objetiva), se logran resultados más acordes a la noción de justicia que subyace a la responsabilidad civil. Con todo, no se desconocen las críticas que se le pueden hacer a esta teoría, por lo que se presentan las alternativas que se consideran más idóneas para dar respuesta a estos señalamientos.