Luego de repasar las diferentes etapas de Pdvsa, el artículo sostiene que la actual caída en la producción es consecuencia directa de la destrucción de la estructura gerencial y la injerencia del gobierno en la empresa. Pero la reducción de las exportaciones no afectó del mismo modo a todos los mercados: aquí se afirma que América Latina y el Caribe resultaron especialmente perjudicados, ya que las exportaciones de petróleo venezolano se redujeron a la mitad. En cambio, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron constantes, lo que marca una diferencia notable entre la retórica integracionista del gobierno y la realidad concreta de su política petrolera.

En América Latina, como en ningún otro lugar, la energía es inseparable de la política. El nacionalismo energético, sumado a viejos conflictos territoriales y falta de inversión, genera dificultades para lo que debería ser el objetivo de largo plazo: afianzar un mercado energético común. Hay alianzas –Cuba- Venezuela, México-Centroamérica, Mercosur-Venezuela– pero aún falta mucho por hacer. En ese sentido, una América Latina energéticamente integrada podría negociar con más fuerza la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono a la Unión Europea, avanzar en el desarrollo de la energía nuclear y explorar nuevas fuentes, como los biocombustibles, la energía eólica y la geotérmica.

La integración energética debería apuntar a mejorar los niveles de sustentabilidad, con un concepto amplio de desarrollo que contemple la biodiversidad y los aspectos sociales del crecimiento. Sin embargo, los proyectos de articulación energética vigentes, desde la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana hasta el promocionado Gasoducto del Sur, apuntan solamente a construir infraestructura para bajar los precios e impulsar el crecimiento. Se trata, en suma, de una interconexión física para transportar electricidad y gas natural, que no tiene en cuenta cuestiones como la eficiencia energética, el cuidado del ambiente o el desarrollo sustentable.