WASHINGTON.- Ante los escándalos de enriquecimiento ilícito y de tráfico de influencias por parte de funcionarios entre la década de los cincuenta y la de los setenta, el gobierno de Estados Unidos promulgó una ley para transparentar y vigilar los patrimonios de los servidores públicos durante su servicio y dos años después, a fin de disminuir el riesgo de corrupción