El decreto emitido por Felipe Calderón para reducir en seis años el periodo de transición de la televisión analógica a la digital no garantiza que los beneficios de dicho proceso se traduzcan en una mayor diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, y mucho menos en una mayor pluralidad en la oferta de contenidos televisivos para favorecer el derecho fundamental de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones