La ausencia endémica de una ética pública, la incontinencia de los medios para aprovechar cualquier resquicio de la ley en su beneficio y en perjuicio del interés público, así como las confusiones de la autoridad para actuar, constituyen los mejores ingredientes para que la publicidad política –que se paga con los recursos del contribuyente– siga practicándose sin menoscabo –aunque disfrazada– en México.