El lucro con los damnificados por las inundaciones de octubre de 2007 no termina. Ahora, la PGR y la SFP investigan a funcionarios de los gobiernos de Tabasco y federal señalados como presuntos responsables de 11 delitos, los cuales engloban un fraude de más de 143 millones de pesos en la compraventa de terrenos para nuevas viviendas.