El gobierno de Emilio González oculta la información sobre sus cuestionables donativos de recursos públicos a la Iglesia y a poderosas televisoras. Incluso declara inexistente la información sobre otras solicitudes de «apoyo», así como sobre el origen y las condiciones en que el dinero de todos los jaliscienses acaba por servir a sus causas personales, sean religiosas o de promoción política.

Investigadores y juristas locales entrevistadores por este semanario consideran excesiva la decisión del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco de indemnizar con 35 millones de pesos a cinco magistrados cuyos nombramientos fueron vetados por el Congreso en 2001 y reinstalarlos en sus cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado. Lo peor de todo es que los beneficiados sólo estuvieron una semana en su cargo, pues el pasado 28 de mayo fueron sustituidos por nuevos representantes electorales.