El artículo repasa los diferentes componentes de la personalidad política de Evo Morales y se detiene en un momento esencial de su trayectoria: la decisión de transformar el movimiento social de cultivadores de coca en un partido político que participe del juego institucional. En Bolivia, contra lo que sostienen las teorías más difundidas, esta decisión fue consecuencia de la cerrazón del sistema político y no de su apertura. El salto a la política era la única opción posible para poner en práctica demandas largamente respaldadas. Hoy, el Movimiento al Socialismo es una fuerza amplia y heterogénea que ocupa casi todo el campo político y que, si combina acciones que fortalezcan al Estado, redistribuyan la riqueza y respeten la legalidad democrática, puede fácilmente convertirse en hegemónica.

La nacionalización de los hidrocarburos, la principal decisión económica del gobierno de Evo Morales, fortaleció los ingresos públicos y le permitió a Bolivia superar los 10.000 millones de dólares de PBI. Sin embargo, sería un error pensar que con eso alcanza. A lo largo de su historia, Bolivia ha cambiado varias veces de modelo económico, pasando del estatismo al neoliberalismo, sin alterar nunca un patrón de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. El reto posneoliberal de Bolivia consiste, entonces, en construir una economía de base ancha que incluya más actores, exportaciones más diversificadas y una mayor variedad de articulaciones internas y externas.

La llegada de Evo Morales a la Presidencia no ha resuelto los problemas pendientes de Bolivia: las tensiones con los nucleos opositores que reclaman autonomía, sobre todo con el Comité Civíco de Santa Cruz, sumadas a los conflictos con los prefectos y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, han puesto al gobierno en una situación difícil. Fortalecido económicamente por los mayores ingresos consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno ha optado por satisfacer, en la medida de lo posible, los reclamos de sus bases. Esto ha llevado a un copamiento del Estado por una nueva cohorte de funcionarios, a menudo poco calificados, y ha acentuado la arraigada costumbre de llevar los reclamos a la calle mediante paros y bloqueos.