Aunque algunas cosas –como la enorme asimetría de poder– no han cambiado, la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe ya no es como antes. Washington ya no despliega una sola «política latinoamericana», sino diferentes estrategias bilaterales o subregionales: México, América Central y el Caribe conforman un área profundamente integrada, a través de la migración y el comercio, a EEUU; la zona andina constituye el foco de mayor preocupación norteamericano, debido a la inestabilidad política y el narcotráfico; mientras que los países del Cono Sur cuentan con un margen de maniobra que no existía en el pasado. En general, la agenda estadounidense para América Latina está menos basada en la geopolítica, la seguridad nacional y la ideología y más centrada en la economía, en el marco de problemas compartidos como el narcotráfico, el ambiente y la migración.

Aunque las encuestas a veces exhiben un país dividido en mitades, una observación más detenida del mapa político de Estados Unidos de los últimos años muestra un claro predominio republicano. Se trata, en realidad, de la consolidación de una tendencia nacional-conservadora que tiene profundas implicancias. Luego del 11 de septiembre, EEUU se encuentra hiperinvolucrado en problemas transnacionales para los que ensaya respuestas nacionalistas ineficaces. En ese contexto, América Latina, y en particular Brasil, tienen la oportunidad de abandonar la mirada centrada en los Estados nacionales y profundizar la integración regional.

La política exterior de Estados Unidos hacia los países andinos está enraizada en una agenda regional, pero se instrumenta y procesa de manera bilateral. Sus principales preocupaciones están centradas en la inestabilidad de países como Ecuador, en la orientación ideológica de gobiernos como el de Bolivia y, sobre todo, en los avances del libre comercio y la evolución del conflicto colombiano. Se trata, por lo tanto, de una agenda limitada a temas de seguridad y comercio, que no tiene en cuenta la complejidad y los matices de los graves problemas andinos. Pero no todo es responsabilidad de Washington: los gobiernos de la región han desplegado una política básicamente reactiva y han hecho muy poco por construir una instancia para procesar sus intereses de manera compartida.