Hoy nadie duda de que Estados Unidos es una democracia consolidada y que, no sin necesidad de grandes luchas, las mayorías nacionales fueron incorporándose al sistema político. De hecho, sigue siendo un modelo de articulación entre emocracia y liberalismo, dos términos siempre en tensión. El poder del dinero y del lobbying, junto con las restricciones que aún se mantienen sobre los pobres y los nuevos inmigrantes, dejan en evidencia las contradicciones que persisten entre el gobierno del pueblo y el gobierno de las corporaciones.

Más allá de las protestas de los últimos meses, los mecanismos estatales estadounidenses –que combinan política social con diversos tipos de control policial– parecen estar dando resultado para evitar que la crisis se transforme en movimientos de masas de trabajadores y excluidos. Este artículo analiza en detalle cómo funciona esa compleja combinación que informa sobre el Estado de Bienestar construido en Estados Unidos desde el New Deal y que no ha puesto fin a las profundas desigualdades. Basta un dato: con la tasa de encarcelamientos más alta del mundo, 2,4 millones de estadounidenses –en su mayoría afroamericanos e hispanos– estaban en prisión a finales de 2008.

La crisis económica estaunidense es un terreno fértil para que los conservadores retomen con fuerza sus viejas campañas antisindicales, hoy lideradas por gobernadores republicanos y grandes cadenas de televisión como Fox News. Con el debilitamiento de los sindicatos del sector privado y la división de la emblemática afl-cio, los gremios de empleados públicos se transformaron en el nuevo objetivo de la ofensiva neocon. En ese marco, la buena noticia es la movilización social de Wisconsin contra la legislación promovida por el gobierno estatal republicano. La mala es que esa resistencia no fue suficiente para frenar la medida.