El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, Tony Garza, y del zar antidrogas John P. Walters, considera el ataque a su consulado en Monterrey como un desafío y le ofrece a la delincuencia organizada dos opciones: la cárcel o la muerte.

Pocos son los que se atreven a denunciar públicamente el tráfico de enervantes en los penales del país, pero lo cierto es que esta práctica, que involucra tanto a los internos como a los custodios y directivos, no la desconocen los gobiernos estatales ni el federal, como tampoco ignoran un hecho: que lo mismo en Tamaulipas y Michoacán, así como el Distrito Federal, son los cárteles de la droga los que controlan ese negocio dentro de los centros penitenciarios.

Instrumentada durante los últimos gobiernos priistas, la criminalización de la protesta social se consolidó durante la administración de Vicente Fox.