El 19 de abril de 2002, semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por 407 votos, los integrantes del Grupo Oaxaca sabían que no habría ninguna reforma constitucional que le otorgara autonomía plena al organismo regulador en la materia –lo que después sería el IFAI– y que, además, éste no tendría atribuciones sancionadoras.

Los resultados de la auditoría a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, en el caso de malversación de recursos públicos y privados asociada a la construcción de un laboratorio para la elaboración de vacunas, se encuentran atorados desde hace cinco meses en una dependencia de esa secretaría.