Los desencuentros entre Chile y Bolivia a raíz del reclamo marítimo de este último país se explican en buena medida por las diferentes estrategias internacionales desplegadas históricamente. Chile se consolidó como una economía insular, aislada de sus vecinos, mientras que Bolivia estuvo condicionada por su falta de cohesión social y geográfica, lo cual dificultó las posibilidades de desarrollar una política internacional estable. El artículo sostiene que, pese a las diferencias del pasado, la región en disputa revela una importante interacción comercial y demográfica entre ambos países que podría constituir la base para una solución creativa al problema.

Las privatizaciones ponen a los gobiernos progresistas ante un dilema. En Brasil, la gestión del Partido de los Trabajadores no ha intentado ninguna alteración de la estructura de propiedad de las empresas privatizadas e incluso ha avanzado en nuevas modalidades de «asociación público-privada». En Argentina, donde las privatizaciones fueron más radicales, el gobierno de Néstor Kirchner reestatizó empresas de correo, aeropuertos y agua y creó una nueva compañía pública en el sector de la energía. En Uruguay, la gestión del Frente Amplio tuvo que responder a una opinión pública que se manifestó masivamente en contra de las privatizaciones. Estas medidas, aunque adoptadas en el marco de programas macroeconómicos ortodoxos, generan dudas acerca del futuro de la inversión pública y privada y de las capacidad para sostener el crecimiento económico.

El análisis del proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina revela que éste fue producto de decisiones orientadas por la ideología neoliberal y no el resultado de la búsqueda de una solución efectiva a la crisis del sector. Esta estrategia, además, ha ignorado la evidencia histórica que demuestra que la universalización de estos servicios en Europa y Estados Unidos fue consecuencia de una acción decisiva del Estado. Pero aunque el enfoque privatizador ha fracasado, las transformaciones institucionales y políticas que se pusieron en marcha continuarán afectando la capacidad de los gobiernos de la región para superar la crisis de estos servicios esenciales.