El discurso de la inseguridad es representado por los medios de comunicación a través de estrategias ligadas al modo en que conciben su trabajo y los criterios que lo rigen. La noticiabilidad que organiza la labor periodística deriva, en el contexto latinoamericano, en un justicialismo mediático que debilita cualquier alternativa que no sea la cárcel. El resultado es la sobrepoblación de las prisiones y la estigmatización de los culpables, que son siempre los jóvenes y los marginales, como demuestra el artículo a partir del estudio de los casos de las pandillas juveniles y de los inmigrantes latinoamericanos en España.

Dos encuestas realizadas en cárceles mexicanas revelan las pésimas condiciones de vida de casi un cuarto de millón de presos: hacinamiento, falta de atención médica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse la alimentación más básica forman parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos diez años. La administración de justicia también presenta graves deficiencias, desde las dificultades para investigar delitos complejos hasta la violación de las garantías legales. El artículo sostiene que solo si combate la impunidad y se arraiga la percepción de que hay reglas que nadie viola será posible reducir de modo sostenido los índices delictivos.

Las pocas informaciones disponibles confirman la selectividad de los sistemas penales y penitenciarios latinoamericanos, que castigan y discriminan a la población no blanca. El «color» de las cárceles es el de la raza, no en el sentido de la pertenencia a un grupo étnico en particular, sino como marca de una historia de dominación colonial que continúa hasta nuestros días. El artículo sostiene que, si las naciones latinoamericanas mantienen en su interior la estructura colonial –y su correlato, el orden racial–, no podrán construir un Estado plenamente democrático ni un discurso jurídico-penal que no sea utópico e irrealizable.