El probable triunfo de Néstor Kirchner –o de su mujer– en las elecciones presidenciales de octubre de 2007 ubicaría a Argentina en la misma sintonía que países como Venezuela y Brasil, donde líderes de izquierda o centroizquierda han conseguido revalidarse en el poder. Pero el panorama argentino presenta también algunas singularidades, entre las que se destacan la supervivencia del peronismo como dispositivo electoral, la aparición del kirchnerismo como una fuerza difusa, que incluye al peronismo pero que lo excede, y la posibilidad de que una mujer sea elegida por primera vez por el voto popular como jefa de Estado.

Durante años, la izquierda prestó poca atención al tema de la inseguridad, que consideró un subproducto de problemas más estructurales como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el aumento de los niveles de criminalidad registrado en las últimas dos décadas en América Latina obliga a las fuerzas progresistas a buscar caminos diferentes del enfoque tradicional que propone más policías, más penas y más cárceles. Para ello es necesaria una estrategia integral que no expanda aún más la red penal y que conciba la cárcel como el último recurso de una cadena de soluciones que incluya la prevención, los mecanismos de mediación, la indemnización a las víctimas y las penas alternativas.

La situación de las cárceles femeninas es dramática. No solo porque las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar problemas como el de las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas. Esto se suma a otras cuestiones, como la violencia sexual y el hacinamiento producto del aumento de la población penitenciaria femenina, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico de drogas. El artículo sostiene que, para resolver estos graves problemas, es necesario incluir un enfoque de género en las políticas penales y penitenciarias.