La mala administración de las empresas estatales y los déficits en la provisión de servicios impulsaron a la mayoría de los países latinoamericanos a emprender procesos de privatizaciones, cuyo alcance en términos geográficos y sectoriales fue muy desigual. El artículo sostiene que la participación del sector privado mejoró los incentivos e hizo más eficientes a las empresas, y que sus efectos sociales fueron, en términos generales, positivos. Sin embargo, la percepción corriente es adversa. Fortalecer los mecanismos de regulación ayudaría a extender más los beneficios de las privatizaciones y a cambiar la percepción negativa.

En el artículo, tres especialistas del Banco Mundial analizan la participación del sector privado en infraestructura y concluyen que, en términos generales, los resultados fueron positivos. Mejoraron la productividad, la calidad y la cobertura del servicio. Sin embargo, la percepción social es negativa, lo que se explica por las falencias en la implementación de las privatizaciones, que incluyen falta de transparencia, carencia de programas sociales para los afectados y frecuentes renegociaciones. Los autores argumentan que América Latina, que invierte poco en infraestructura, necesita la participación del sector privado y para lograrla es imperioso revisar los errores del pasado y diseñar procesos más equitativos, transparentes y participativos.

El proceso de privatización en Bolivia, envuelto en un ropaje de demagogia y falsas promesas, estuvo marcado por la falta de transparencia y los defectos de aplicación. El artículo sostiene que los errores más groseros podrían haberse evitado de haber existido un tribunal técnico, independiente y jerarquizado, capaz de identificar y corregir las principales deficiencias. Este poder, que no debería de ningún modo anular las decisiones políticas democráticamente adoptadas, podría funcionar hoy como un moderador responsable de las políticas de reestatización y recuperación del rol del Estado implementadas por el gobierno.