El discurso de derechos humanos ha encontrado su justificación en la necesidad de ir más allá de las limitaciones e impunidad derivadas del nacionalismo y los derechos sujetos a los derechos ciudadanos. Aunque el derecho penal internacional ha sido imaginado recientemente como un escenario para reforzar la existencia de una comunidad política de justicia basada en nuestra humanidad, no ha podido desplazar el concepto de soberanía estatal. Esto muestra cómo nuestra indiferencia natural hacia los otros no se supera con el simple uso del lenguaje, la ratificación de tratados o por la creación de mecanismos e instituciones para adjudicar justicia.

El artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, TRLPI, no solo consagra el derecho de transformación del autor sobre su propia obra, además, abre la posibilidad a la participación del mismo autor como titular de derechos de propiedad intelectual sobre las obras derivadas que sean producidas por terceros con su autorización; esto es, conservando la potestad para autorizar cualquier uso de la obra resultante. Esta reinterpretación de lo que la doctrina ha entendido por el derecho de transformación es la consecuencia no querida de la implementación de una Directiva Europea sobre bases de datos. Este artículo de reflexión sobre la disposición anteriormente citada pretende hacer evidente el ensanchamiento de las facultades de los titulares de derechos sobre las obras derivadas en la legislación española.