En este trabajo se estudia la incidencia normativa entre la Constitución y los tratados internacionales para la efectiva tutela de los derechos humanos en México, a partir de la reforma constitucional del 10 junio de 2011 y la paradigmática sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/20Con estos cambios, los criterios internacionales se convierten en parámetro interpretativo rompiendo con el único y último intérprete de los derechos humanos. Desde el enfoque epistemológico de este trabajo, la apertura constitucional mexicana a la protección internacional de los derechos humanos genera un control externo y una doble garantía para estos derechos, que escapa de criterios unilaterales o reduccionistas nacidos de la voluntad exclusiva del Estado; es decir, se trata de un diálogo recíproco entre los órganos jurisdiccionales internos e internacionales que busca superar el monopolio proteccionista de los derechos humanos en México.

Tradicionalmente, la atribución de un resultado dañoso a su autor se ha hecho a partir de un juicio puramente material o fáctico, en el cual, dependiendo de la teoría causal utilizada por el tribunal, la respuesta sobre la existencia de un nexo de causalidad entre el perjuicio irrogado y la actuación del agente puede variar, a la vez que arrojar resultados que, a la luz de la equidad y la justicia, e incluso el sentido común, llegan a resultar exagerados o contraintuitivos. El presente documento aborda esta problemática para presentar, previo recuento de las diferentes soluciones que se le han dado a lo largo de la historia y de sus inconvenientes, la que se considera la teoría más adecuada para determinar la causalidad en cada caso, por superar los defectos que se les achacan a aquellas que la precedieron y por su aceptación en el ámbito comparado. Con esta propuesta, se intenta evidenciar cómo, a partir de la diferenciación entre una imputación material y una imputación jurídica (o imputación objetiva), se logran resultados más acordes a la noción de justicia que subyace a la responsabilidad civil. Con todo, no se desconocen las críticas que se le pueden hacer a esta teoría, por lo que se presentan las alternativas que se consideran más idóneas para dar respuesta a estos señalamientos.

Este artículo tiene como propósito presentar el informe final de investigación del Proyecto de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que contiene los criterios jurídicos de un programa de atención a víctimas de delitos sexuales en el Consultorio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana, enmarcados en los principios éticos, jurídicos y los derechos de las víctimas establecidos por la normatividad internacional y nacional.