La situación de las cárceles femeninas es dramática. No solo porque las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar problemas como el de las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas. Esto se suma a otras cuestiones, como la violencia sexual y el hacinamiento producto del aumento de la población penitenciaria femenina, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico de drogas. El artículo sostiene que, para resolver estos graves problemas, es necesario incluir un enfoque de género en las políticas penales y penitenciarias.

Las concepciones clásicas definen la cárcel como una «institución total», donde todos los aspectos de la vida cotidiana son administrados por una autoridad represiva. El trabajo etnográfico realizado en una cárcel de Ecuador demuestra, por el contrario, que dentro de las prisiones funcionan complejos sistemas de intercambio y negociación, como el «refile»y la construcción de organismos de administración gestionados por los propios internos. El aumento de los presos acusados de narcotráfico, producto de las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos, explica que este tipo de prácticas de autogestión se haya institucionalizado y se haya convertido en el principio organizador fundamental de la vida en las cárceles.

Una política integral contra el delito y la delincuencia debe partir de un diagnóstico adecuado, que contemple los matices y las particularidades de cada situación, y debe dejar de lado la falsa dicotomía entre coerción (estrategia defendida por la derecha) y prevención (postulada por los sectores progresistas). Desde el punto de vista penal y penitenciario, es necesario evitar la judicialización de cualquier conflicto o acto de violencia, que solo conduce a desbordar al Poder Judicial y agravar el problema de la superpoblación en las cárceles. La creación de ciudadanía es el mejor antídoto para enfrentar la violencia social, cuyo efecto más pernicioso es, precisamente, la destrucción de la confianza ciudadana.