Las pocas informaciones disponibles confirman la selectividad de los sistemas penales y penitenciarios latinoamericanos, que castigan y discriminan a la población no blanca. El «color» de las cárceles es el de la raza, no en el sentido de la pertenencia a un grupo étnico en particular, sino como marca de una historia de dominación colonial que continúa hasta nuestros días. El artículo sostiene que, si las naciones latinoamericanas mantienen en su interior la estructura colonial –y su correlato, el orden racial–, no podrán construir un Estado plenamente democrático ni un discurso jurídico-penal que no sea utópico e irrealizable.

Bolivia atraviesa una coyuntura compleja que supone, también, una oportunidad histórica para conjugar el reconocimiento cultural de los sectores indígenas excluidos con un desarrollo económico equitativo y un nuevo orden institucional. Para superar este triple desafío, los líderes deberán privilegiar una lógica deliberante, de reconocimiento del otro y de búsqueda de resultados concretos, como sucedió con el seleccionado de fútbol que en 1994 logró clasificar para el campeonato mundial. Si Bolivia logra conciliar economía y sociedad, si construye un nuevo tipo de Estado y si consolida un pacto de igualdad en la Asamblea Constituyente, no solo podrá aspirar a un nuevo mundial de fútbol: también podrá demostrarle al mundo que un proceso de modernidad emancipatoria puede provenir de la periferia.

Desde el siglo XIX, Bolivia ha constituido un caso paradigmático de disputas y desacuerdos entre sus elites políticas respecto a los objetivos del desarrollo nacional, lo que ha frustrado sus posibilidades una y otra vez. Hoy, el gobierno de Evo Morales tiene muchas chances de romper esta maldición, ya que cuenta con un sólido apoyo social y los recursos del gas. Para ello deberá desarrollar sus capacidades internacionales, cada vez más relevantes debido a la ubicación de Bolivia en el corazón de Sudamérica y su posición estratégica como paso entre los dos oceános.