El Estado no es un actor racional y separado de la sociedad, sino que forma parte de una configuración política compleja e inestable, que ha cambiado en los últimos tiempos. Una ilustración de esto, en América Latina, es la expansión de los márgenes: el narcotráfico, la economía informal o la ocupación de tierras son fenómenos que necesitan del Estado, pero que no por eso respetan la legalidad. Contra lo que afirman los análisis más simplistas, no es probable que en el futuro próximo desaparezca la idea de Estado, porque no hay una alternativa como forma política de organización social. Pero sí está cambiando su significado en un marco de incertidumbre. Por eso, cualquier afirmación será, cuanto mucho, una conjetura.

El modelo gerencial inspirado en la Nueva Gestión Pública incluía una serie de instrumentos, como la medición de desempeño y los programas ajustados a resultados, tendientes a hacer más eficiente la acción del Estado. Pero este difundido esquema pasaba por alto un aspecto fundamental: las administraciones públicas no operan en el vacío, sino en el marco de determinadas relaciones sociales, económicas y políticas marcadas por desequilibrios de poder, particularmente en países en desarrollo como los latinoamericanos. El artículo propone, como vía para superar estos problemas, generar instrumentos y mecanismos que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado con base en una noción general de gobernanza democrática.