Los pobres se están desplazando hacia las ciudades, pero quizá no con la celeridad suficiente. La aceleración de la urbanización podría fomentar la reducción de la pobreza, y las autoridades encargas del desarrollo deberían estimular ese proceso, no obstaculizarlo.

Las megaciudades plantean problemas especiales de gobernabilidad, financiamiento y suministro de servicios. Tanto los gobiernos nacionales como las megaciudades pueden aprovechar los beneficios potenciales planteándose el traspaso de la capacidad recaudatoria y de responsabilidades bien definidas como incentivos para una buena gestión de gobierno.