En las páginas de nuestra historia nacional, pasada y reciente, se describe una larga lista de graves episodios de impunidad derivados de un sistema de justicia anquilosado, de corrupción y complicidad institucional, y de falta de voluntad política para garantizar, por un lado, sanciones justas para las personas responsables de la comisión de delitos y, por el otro, la reparación integral del daño a las víctimas