A principios de 2009, el gobierno mexicano puso en marcha una estrategia de supresión de objetivos de alto valor para detener a los líderes de los cárteles mexicanos. Se han puesto en práctica, con éxito, estrategias similares contra otras organizaciones que amenazan la seguridad del Estado. El artículo analiza los factores que propiciaron que su implantación no tuviera los efectos esperados.