A veinte años del terremoto que cobró más de 10 mil vidas en el área metropolitana del Distrito Federal y otras ciudades del interior del país, la realidad es clara: la asignación de recursos públicos para prevenir catástrofes ha disminuido drásticamente y el programa de alerta sísmica en todo el territorio de la República parece que está guardado en un cajón. La Secretaría de Gobernación estima que hay más de 32 millones de mexicanos en zonas de vulnerabilidad sísmica ya que el país está ubicado sobre una de las 17 placas tectónicas más activas del mundo