El artículo sostiene que el gobierno de Estados Unidos, incitado por el poderoso lobby petrolero, impulsa un mercado energético integrado a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. El objetivo es garantizar la seguridad energética estadounidense flexibilizando la normativa en México, donde la Constitución establece la propiedad estatal del petróleo. Para ello, Washington se apoya en la extraordinaria concentración de poder en la Presidencia luego del 11 de septiembre, fenómeno que ha contagiado a sus vecinos. Aquí se sostiene que este esquema es profundamente asimétrico y que, al consolidar la dependencia petrolera del principal consumidor del mundo, propicia una tendencia perezosa en la incorporación de nuevas fuentes de energía.