El asesinato de la señora Marisela Escobedo -quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí- a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país