Los países ricos en recursos naturales no son los más desarrollados. Podrán tener grandes ingresos o un alto PBI per cápita, pero casi siempre carecen de instituciones sólidas y niveles de vida adecuados para toda la población. El virus de la «enfermedad holandesa», la distorsión en la asignación interna de los recursos y la consolidación de una mentalidad rentista son algunas de las causas de esta aparente paradoja, que afecta particularmente a los países latinoamericanos productores de petróleo. Para evitar estos males, el artículo propone incluir la política energética dentro de una estrategia más amplia de desarrollo autónomo.

El panorama energético global se caracteriza, entre otras cosas, por el alto precio del petróleo, lo que ha llevado a incentivar un uso más intensivo del gas y el perfeccionamiento de nuevas tecnologías, como el gas natural licuado. En América Latina, la integración gasífera tiene una larga historia de proyectos binacionales. Hoy, a pesar de las asimetrías regulatorias y de precios, el ingreso de Venezuela como abastecedor de gas y la articulación regional a través de gasoductos amplios, como el «anillo energético», quizás no asegurarán una reducción de los precios, pero seguramente contribuirán a equilibrar el balance regional y garantizar la provisión en el largo plazo.

La energía ha irrumpido en América Latina como un factor de decisiva importancia para la gobernabilidad democrática. Al examinar el panorama regional, es evidente una pugna entre dos enfoques. Quienes, como el gobierno de Venezuela, conciben la energía como un recurso de poder, asumen una visión restringida que la ubica como una herramienta de influencia regional, en el centro de la competencia entre los países. En cambio, la visión que la postula como un recurso sociopolítico permite aprovecharla para una integración más amplia, que contribuya a crear condiciones de seguridad y desarrollo humano, más allá de lo económico.